Las regulaciones contra el boicot son leyes estadounidenses diseñadas para evitar que las empresas y los individuos nacionales participen o apoyen boicots impuestos por naciones extranjeras contra otros países. Estas normas se dirigen principalmente a prácticas comerciales restrictivas que entran en conflicto con la política de EE. UU., como el boicot de larga data de la Liga Árabe contra Israel. Al hacer cumplir estas normas, el gobierno garantiza que las empresas estadounidenses no discriminen a sus socios comerciales basándose en agendas políticas extranjeras.
Estas regulaciones funcionan prohibiendo acciones específicas, que incluyen negarse a hacer negocios con entidades boicoteadas, discriminar a personas por motivos de nacionalidad o religión, y compartir información para facilitar un boicot extranjero. Si una empresa estadounidense recibe una solicitud de un gobierno extranjero para participar en dicho boicot, está legalmente obligada a informar de esa solicitud a la Oficina de Cumplimiento contra el Boicot (Office of Antiboycott Compliance). El incumplimiento puede tener consecuencias graves, como multas financieras significativas, encarcelamiento, la pérdida de privilegios de exportación y la denegación de beneficios fiscales extranjeros específicos.
Por ejemplo, si un gobierno extranjero exige que una empresa estadounidense proporcione información sobre sus relaciones comerciales con Israel o se niega a aceptar una carta de crédito que involucre comercio israelí, la empresa debe rechazar estas demandas para seguir cumpliendo con la normativa. Participar en estas solicitudes violaría la ley federal, lo que podría desencadenar investigaciones por parte de la Oficina de Industria y Seguridad o el Servicio de Impuestos Internos. Estas medidas sirven para proteger la integridad de las relaciones comerciales de EE. UU. y evitar que potencias extranjeras dicten las actividades comerciales de las entidades estadounidenses.