Una economía dirigida es un sistema en el que una autoridad gubernamental central tiene el control total sobre la producción, distribución y fijación de precios de bienes y servicios. A diferencia de los sistemas de libre mercado impulsados por la oferta y la demanda, este modelo se basa en la propiedad estatal de las industrias y en la planificación centralizada para gestionar la economía nacional.
En esta estructura, los funcionarios gubernamentales establecen las prioridades económicas a través de planes plurianuales que dictan cómo se asignan los recursos y cómo se genera el crecimiento. Debido a que el Estado posee o controla la mayoría de las empresas, la competencia suele estar prohibida y, a menudo, se establecen monopolios para garantizar que los objetivos de producción se alineen con los objetivos sociales o políticos específicos del gobierno.
Por ejemplo, un gobierno podría exigir niveles de producción de bienes esenciales para garantizar su disponibilidad generalizada, mientras establece simultáneamente precios y salarios fijos para la fuerza laboral. Si bien los defensores argumentan que este enfoque prioriza el bienestar social y el empleo estable sobre el beneficio privado, los críticos señalan posibles ineficiencias, como brechas de información entre los planificadores y la falta de incentivos individuales para la innovación.