La crisis de deuda soberana europea fue una emergencia financiera plurianual que comenzó alrededor de 2008 y alcanzó su punto máximo entre 2010 y 2012. Involucró a varios estados miembros de la Unión Europea, particularmente aquellos dentro de la eurozona, que enfrentaron una grave inestabilidad económica caracterizada por el colapso de instituciones financieras y niveles insostenibles de deuda pública.
Esta crisis fue provocada principalmente por la recesión económica mundial, que condujo a una fuerte caída en los ingresos fiscales de muchas naciones. A medida que crecían los temores sobre la capacidad de estos países para pagar sus obligaciones, los prestamistas exigieron tasas de interés significativamente más altas sobre los bonos gubernamentales. La situación se vio agravada por casos de déficits presupuestarios no declarados, que violaron las políticas de la Unión Europea y generaron preocupaciones generalizadas sobre un posible colapso de la moneda euro.
Para gestionar las consecuencias, diecisiete países de la eurozona establecieron el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para proporcionar asistencia de emergencia. Las naciones afectadas, encabezadas por Grecia, recibieron fondos de rescate, pero se les exigió implementar estrictas medidas de austeridad, incluidos recortes significativos en el gasto público. Si bien estas acciones tenían como objetivo estabilizar los mercados, también provocaron una prolongada agitación económica y un intenso debate político sobre la gestión de la deuda soberana en toda la región.