La expropiación es el acto mediante el cual un gobierno se incauta de una propiedad privada o altera los derechos de propiedad existentes, generalmente con el fin de servir a un propósito público. Aunque esta práctica permite a las autoridades tomar el control de terrenos o activos, por lo general está sujeta a requisitos legales que exigen el pago de una compensación justa al propietario afectado. En los Estados Unidos, este proceso se conoce comúnmente como dominio eminente y está protegido por la Quinta Enmienda de la Constitución.
Cuando un gobierno inicia una expropiación, debe justificar la incautación como un beneficio para el público. El proceso implica determinar un valor justo para el activo, que puede incluir el precio de mercado de la propiedad, así como la posible pérdida de ingresos, como los alquileres que el propietario ya no puede percibir. Si bien la incautación directa es común, algunos gobiernos también pueden recurrir a la expropiación indirecta, en la que los cambios regulatorios privan efectivamente a un propietario de sus derechos de propiedad o de su valor económico.
Para los inversores, la expropiación representa un riesgo político significativo, especialmente cuando operan en países extranjeros donde la inestabilidad política o los cambios de régimen pueden conducir a la nacionalización de empresas o activos. Para gestionar esta exposición, muchos inversores internacionales utilizan seguros contra riesgos políticos. Esta cobertura ayuda a mitigar las pérdidas financieras al proporcionar una compensación por fondos bloqueados, activos tangibles incautados o la pérdida de inversiones de capital si un gobierno toma el control de sus participaciones.