Una restricción de financiación ocurre cuando individuos, empresas o municipios tienen dificultades para obtener el capital necesario debido a que los prestamistas se muestran reacios a conceder préstamos. Esta situación suele surgir cuando los prestamistas temen los riesgos asociados a la concesión de crédito, o cuando el crédito sigue estando disponible pero solo a tipos de interés prohibitivamente caros para la mayoría de los prestatarios. En algunos casos, las políticas gubernamentales pueden reducir artificialmente los costes del capital, pero los bancos pueden seguir aplicando normas de concesión de préstamos tan estrictas que obtener fondos resulta casi imposible para el solicitante medio.
Cuando se produce una restricción de financiación, se genera una crisis de liquidez para quienes carecen de suficientes reservas de efectivo o de flujo de caja operativo. Dado que el coste del endeudamiento aumenta considerablemente, las empresas suelen descubrir que proyectos que antes eran rentables se vuelven financieramente inviables. Este entorno puede conducir a una mala calificación crediticia, lo que complica aún más la capacidad de obtener financiación futura y obliga a las entidades a operar con un mayor coste de capital.
Por ejemplo, si una empresa se enfrenta a una restricción de financiación, puede verse obligada a abandonar sus planes de expansión porque los pagos de intereses de la nueva deuda superarían los rendimientos previstos del proyecto. Cuando estas condiciones se generalizan en toda la economía, el efecto acumulativo puede frenar el crecimiento y, en casos graves, contribuir a una recesión económica más amplia. Este fenómeno no se limita a las grandes corporaciones y afecta con frecuencia a las pequeñas empresas y a los particulares durante periodos de riesgo sistémico o de condiciones crediticias restrictivas.