La Ley de Vivienda y Recuperación Económica de 2008, conocida comúnmente como HERA, es una ley federal promulgada para estabilizar el mercado inmobiliario de los Estados Unidos tras la crisis de las hipotecas de alto riesgo (subprime). Su objetivo principal fue restaurar la confianza pública en las empresas patrocinadas por el gobierno y abordar las fallas sistémicas dentro de la industria de préstamos hipotecarios que contribuyeron al colapso inmobiliario nacional.
Para lograr estos objetivos, la ley introdujo varias reformas clave y mecanismos de apoyo. Facultó a la Administración Federal de Vivienda (FHA) para garantizar hasta 300.000 millones de dólares en nuevas hipotecas a tasa fija a 30 años para prestatarios de alto riesgo. Además, la legislación estableció estándares mínimos de pago inicial para los préstamos de la FHA e incorporó varios subestatutos, como la Ley de Modernización de la FHA y la Ley de Cumplimiento Seguro y Justo para la Licencia Hipotecaria, con el fin de mejorar la supervisión de la industria.
En la práctica, la ley exigía a los prestamistas reducir los saldos de los préstamos al 90 por ciento del valor de tasación actual de la propiedad para calificar para las garantías gubernamentales. Al facilitar estas refinanciaciones e implementar estándares de concesión de licencias y préstamos más estrictos, la ley buscó prevenir prácticas predatorias y proporcionar un camino para que los propietarios en dificultades pudieran permanecer en sus residencias, mitigando al mismo tiempo una mayor turbulencia en el mercado financiero.