Un embargo judicial es una reclamación legal que se impone sobre la propiedad de un deudor después de que un tribunal falla en su contra en una demanda por deuda impagada. Este tipo de embargo no es consensual, lo que significa que se aplica a la propiedad sin el consentimiento del propietario. Sirve como una garantía real para el acreedor, asegurando que tenga una vía legal para recuperar el dinero que se le adeuda.
Para establecer este embargo, el acreedor generalmente debe presentar una copia certificada de la sentencia judicial ante las autoridades del condado o estado correspondientes. Una vez registrado, el embargo se aplica a los bienes inmuebles y, en ocasiones, a los bienes muebles del deudor. El embargo permanece vigente hasta que la deuda se liquide por completo o el acreedor tome posesión de la propiedad. Por lo general, ocupa una posición preferente sobre cualquier embargo registrado después de su creación, pero permanece subordinado a cualquier embargo que existiera antes de la sentencia.
Por ejemplo, si una persona no paga una deuda y es demandada, el tribunal puede conceder al acreedor un embargo judicial sobre la vivienda del deudor. Si el deudor continúa ignorando la obligación, el acreedor puede eventualmente forzar la venta de la propiedad para recuperar los fondos. Además, la presencia de dicho embargo puede afectar negativamente la calificación crediticia del deudor y permanecerá en el registro hasta que se presente una constancia de cumplimiento de sentencia.