Los derechos de administración hipotecaria representan un acuerdo contractual mediante el cual el prestamista original de una hipoteca transfiere la responsabilidad de gestionar dicho préstamo a una institución financiera externa. Este administrador especializado asume las tareas administrativas necesarias para mantener el préstamo durante toda su vigencia, mientras que el prestamista original conserva la capacidad de liberar capital y líneas de crédito para nuevas actividades crediticias.
Cuando una empresa adquiere estos derechos, se vuelve responsable de cobrar los pagos mensuales de la hipoteca al prestatario, gestionar las cuentas de depósito en garantía (escrow) para los impuestos sobre la propiedad y las primas de seguros, y transferir las porciones de capital e intereses a las partes correspondientes. A cambio de realizar estas tareas administrativas continuas, el administrador recibe una comisión recurrente según lo estipulado en su contrato. Este proceso permite a los prestamistas especializar sus operaciones y, al mismo tiempo, garantizar que el préstamo reciba la administración adecuada.
Para el propietario promedio, la transferencia de estos derechos suele generar una interrupción mínima, más allá del cambio en la dirección a la que se envían los pagos mensuales. Aunque las leyes federales permiten que las instituciones financieras vendan o transfieran estos derechos de administración sin el consentimiento explícito del prestatario, la ley exige que el propietario reciba una notificación formal tanto del prestamista original como del nuevo administrador poco antes y después de que se produzca la transición.