Un impuesto proxy es una sanción financiera impuesta a organizaciones que generalmente gozan de estatus de exención fiscal pero que participan en actividades de cabildeo (lobbying). Este impuesto se dirige específicamente a entidades clasificadas bajo las secciones 501(c)(4), 501(c)(5) y 501(c)(6) del código fiscal de los EE. UU. cuando no logran estimar con precisión sus gastos de cabildeo.
Este mecanismo fiscal funciona aplicando la tasa impositiva corporativa marginal más alta a la porción del gasto en cabildeo que excede la estimación inicial de la organización. Si una organización reporta un presupuesto específico para cabildeo pero finalmente gasta más de esa cantidad, la diferencia queda sujeta a esta penalización. El impuesto sirve como una herramienta regulatoria para garantizar la transparencia y el cumplimiento con respecto al uso de fondos para influencia política por parte de grupos que, de otro modo, estarían exentos de impuestos.
Por ejemplo, si una organización calificada estima que gastará 20,000 dólares en cabildeo pero en realidad gasta 40,000 dólares, el impuesto proxy se aplica a la diferencia de 20,000 dólares. Al gravar esta cantidad excedente con la tasa impositiva corporativa más alta, el gobierno desalienta a las organizaciones de subestimar sus actividades de cabildeo o de hacer un uso indebido de su estatus de exención fiscal para financiar la defensa de intereses políticos.