La equidad fiscal es un principio de política pública que busca equilibrar las obligaciones financieras de individuos y corporaciones con las necesidades colectivas de la sociedad. Se basa en la idea de que los sistemas tributarios deben estructurarse para reflejar la capacidad de pago de una entidad, garantizando al mismo tiempo la financiación suficiente para los servicios gubernamentales esenciales. Este concepto a menudo implica sopesar el derecho individual a conservar la riqueza obtenida frente a la necesidad social más amplia de inversión pública.
En la práctica, lograr la equidad fiscal implica diseñar códigos tributarios que distribuyan la carga de manera equitativa entre los diferentes niveles de ingresos. Esto puede incluir la implementación de tasas impositivas progresivas, el cierre de lagunas legales que permiten la elusión fiscal corporativa o la introducción de créditos fiscales específicos. Al ajustar estos mecanismos, los responsables de las políticas buscan reducir la concentración extrema de riqueza y garantizar que el sistema tributario no grave de manera desproporcionada a quienes tienen menores ingresos.
Un ejemplo práctico de esto se puede observar en el uso de créditos fiscales específicos. Por ejemplo, un estado podría aumentar su Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo u ofrecer créditos de equidad en el impuesto sobre la propiedad para brindar alivio a los hogares de bajos ingresos. Por el contrario, algunas jurisdicciones pueden implementar impuestos a los ultra ricos para financiar servicios públicos, con el objetivo de trasladar la responsabilidad fiscal de una manera que, según sus defensores, crea un entorno económico más equilibrado y equitativo para todos los ciudadanos.