Un paraíso fiscal es una jurisdicción que ofrece a individuos y empresas extranjeras una carga impositiva mínima o nula sobre sus activos financieros. Estas regiones se caracterizan por tipos impositivos bajos, requisitos de información limitados y leyes de privacidad financiera estrictas que a menudo restringen el intercambio de información con las autoridades fiscales extranjeras. Aunque no existe un estándar global único para clasificar estos territorios, generalmente se reconocen por la ausencia de requisitos de residencia y su capacidad para atraer cantidades significativas de capital extranjero.
Estas jurisdicciones funcionan creando un entorno en el que la riqueza puede mantenerse o trasladarse con una supervisión regulatoria reducida. Muchos paraísos fiscales implementan leyes de secreto estrictas que impiden que gobiernos externos accedan a datos sobre depósitos bancarios o participaciones corporativas. Al ofrecer estas ventajas, actúan como centros de inversión internacional, aunque también son supervisados frecuentemente por organismos reguladores globales debido al potencial de uso indebido en esquemas de evasión fiscal ilegal.
Como ejemplo práctico, una corporación multinacional podría establecer una filial en un paraíso fiscal para trasladar beneficios fuera de un país de origen con impuestos más altos. Si bien el uso de estas estructuras es legal en muchos casos, el depositante o propietario del negocio debe cumplir con todas las obligaciones fiscales exigidas por su jurisdicción de origen. No declarar correctamente estos activos extraterritoriales puede derivar en complicaciones legales, ya que el uso de un paraíso fiscal no exime a un individuo de sus responsabilidades fiscales nacionales.